Gestionar la Ley de laCadena de Suministro Alemana (LkSG)

La Ley alemana de Diligencia Debida en la Cadena de Suministro (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz/ LkSG) impone la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos y protección del medio ambiente en las cadenas de suministro mundiales.
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En vigor desde 2023, exige a las empresas que evalúen los riesgos, apliquen medidas preventivas, establezcan mecanismos de reclamación e informen de las actividades de cumplimiento. Estas obligaciones se aplican a toda la cadena de suministro, incluidos los proveedores directos e indirectos.

La Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA) vigila el cumplimiento, impone sanciones y permite a los afectados presentar quejas.

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Mitigación de riesgos y cumplimiento normativo

Cumplimiento en toda la cadena de suministro

Las empresas deben abordar los riesgos a todos los niveles, incluidos los proveedores indirectos. Aunque la Directiva se dirige principalmente a las grandes empresas, su impacto se extiende a las más pequeñas dentro de la cadena de valor. El cumplimiento de la directiva exige una amplia transparencia e influencia en toda la cadena de suministro, un proceso que a menudo es complejo y requiere muchos recursos.

Diligencia debida en derechos humanos y medio ambiente

Las obligaciones incluyen analizar los riesgos para los derechos humanos, aplicar medidas preventivas y correctoras, establecer mecanismos de reclamación e informar sobre estas actividades. Más allá de los derechos humanos, las empresas también deben abordar los riesgos medioambientales vinculados a los convenios internacionales. Equilibrar estas responsabilidades con las operaciones empresariales plantea un reto importante.

Consecuencias jurídicas y financieras

Los riesgos de incumplimiento incluyen multas, exclusión de licitaciones públicas y daños a la reputación, lo que subraya la necesidad de contar con sistemas sólidos para cumplir los requisitos de las LkSG y satisfacer la supervisión de la BAFA. La BAFA examina los informes de las empresas, investiga las denuncias y está autorizada a imponer multas o excluir a las empresas de las licitaciones públicas en caso de infracción.

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